El juez Piñar admite que accedió a datos que la defensa de Juana Rivas compartió por WhatsApp

El juez ya jubilado Manuel Piñar, que fue titular del Penal 1 de Granada y dictó la sentencia condenatoria a Juana Rivas por sustracción de menores, ha asegurado que accedió a datos que el abogado Carlos Aránguez compartió en un grupo de WhatsApp porque se los pasaron y era información creada para ser publicada.

Piñar ha hecho estas consideraciones al declarar este martes en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, encargado de las diligencias de una denuncia presentada por Aránguez, quien lo acusa de atentado contra la intimidad y falso testimonio.

Aránguez ha atribuido al juez un delito contra la intimidad porque tuvo acceso a parte del contenido compartido en un grupo de WhatsApp creado por el equipo jurídico del letrado de Rivas, un grupo con más de un centenar de periodistas en el que se comparten comunicados, audios y vídeos sobre los temas del despacho.

Ese contenido al que accedió Piñar le permitió querellarse contra Aránguez en una de las actuaciones judiciales que les enfrentan desde que la causa de Juana Rivas cayó en el Penal 1.

Aunque Piñar ha dicho inicialmente que se acogía a su derecho a no declarar, ha explicado a la juez instructora que tuvo acceso a parte del contenido de ese grupo de WhatsApp porque uno de los miembros lo compartió con él y que esa causa estaría archivada si Aránguez compartiera el listado de miembros de ese grupo.

También ha recalcado que, según declaró el abogado, el grupo se diseñó para ofrecer "ruedas de prensa virtuales" y que la información que se compartía era para ser publicada.

Aránguez acusó al juez jubilado de un segundo delito de falso testimonio al entender que, en sus declaraciones en calidad de testigo por las que debe decir verdad, Piñar ha ofrecido diferentes versiones sobre su acceso a información de ese grupo.

Según el abogado, el exjuez ofreció tres versiones diferentes sobre cómo accedió al contenido del chat de WhatsApp. Esto podría implicar haber faltado a la obligación de decir la verdad como testigo y podría constituir un delito de falso testimonio según el artículo 438.1 del Código Penal. Además, el acceso no autorizado al contenido del grupo ha llevado a su imputación por un presunto delito de atentado contra la intimidad (artículo 193 del Código Penal).

Se trata de unas declaraciones por otros procesos en los que ambos están enfrentados, desde una querella por injurias contra el abogado a una causa aún abierta contra el juez por un delito de odio.

Piñar ha hecho referencia a esta última causa y ha negado que publicara en su perfil de Facebock comentarios racistas contra gitanos, lo que podría demostrar con un informe de Meta contrario a los documentos y pantallazos aportados por Aránguez, según ha testificado este martes. El que fue titular del Penal 1 no ha querido hacer declaraciones a los medios ni que las haga su abogado.

Entre Aránguez y Piñar ha habido desde el inicio de la causa de Juana Rivas un cruce recurrente de denuncias, querellas y quejas ante diferentes órganos judiciales.